La sentencia del Tribunal Constitucional que anula el llamado impuesto a las plusvalías municipales -que grava el beneficio obtenido por una transacción inmobiliaria- ha provocado un terremoto en los municipios.
Todos los ayuntamientos consultados por este periódico afirman que la decisión judicial les obliga a no presentar sus presupuestos (ahora es el momento en el que ultiman su redacción y en algunos casos estaban a punto de ir a pleno) y a reconfigurarlos. Las opciones no son muchas: recortes, reducción de inversiones, ampliación de créditos bancarios o subida de impuestos. Lo que está claro es que -salvo reacción rápida del Gobierno central para revisar el impuesto o crear uno nuevo- ahora mismo la redacción actual de las cuentas de decenas de Ayuntamientos se queda en papel mojado.
Numerosos alcaldes y concejales, afirman que la recaudación de este impuesto rondaría para las arcas municipales en general a nivel global del país de cerca de los 3.000 millones de euros al año y esta cantidad supone cerca del 5% del presupuesto municipal de muchas poblaciones. Así explica la situación algunos alcaldes «Tenemos dos opciones: o buscar nuevos ingresos o disminuir gastos o un mix de ambas cosas. Podemos buscar un ingreso con un crédito bancario pero aquí tendríamos restricciones, ya que solo podría destinarse a inversiones. Y la otra vía es disminuir el gasto, pero eso supone un esfuerzo ya que nuestro presupuesto es muy rígido, va para servicios públicos sobre todo».
Cara a las inversiones hoteleras, es bueno que se elimine este impuesto, por la venta de los hoteles a otras compañías el vendedor debía aportar a las arcas municipales grandes cifras, igual que el resto de los mortales en nuestros país, llegando a auténticos abusos por parte de los Ayuntamientos
Claro también hay otras soluciones, por si alguien no ha caído en ello , eliminar todos los cargos de confianza de los Ayuntamientos grandes sobre todo, y resto de enchufados, que por cierto hay muchos.
